La Magia de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en México

Llegué a este tema por el tequila y, con los años, entendí que era apenas el primer capítulo de una historia mucho más grande. La Biblia ya nombraba ciertas viñas por el lugar del que venían. Siglos después, griegos y romanos distinguían vinos y ánforas por su procedencia. Mucho antes de que existiera la expresión denominación de origen, existía la intuición de que algunas cosas no pueden reproducirse en cualquier lugar, porque pertenecen a la tierra y a la comunidad que las vio nacer.

La técnica jurídica llegó mucho después. Cuando aquella intuición se convirtió en norma, lo esencial no fue el nombre de la figura, sino su capacidad para proteger el trabajo de generaciones y permitir que una comunidad conserve el valor de lo que ha construido.

En México, la primera referencia legal apareció en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, que ya contemplaba las indicaciones de procedencia y las designaciones o nombres de origen. Sin embargo, la distancia entre la norma y su aplicación fue larga. Tuvieron que pasar más de tres décadas para que, en 1974, el Estado reconociera la denominación de origen Tequila como la primera del país y abriera el camino para proteger otros productos vinculados con su territorio.

Hoy, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contempla dos figuras centrales: la denominación de origen y la indicación geográfica. Ambas relacionan un producto con un lugar, pero no exigen el mismo grado de conexión.

En una denominación de origen, la calidad, las características o la reputación del producto dependen esencialmente de su procedencia y, en particular, de las materias primas, los procesos y los factores naturales y culturales de la región. En una indicación geográfica, basta con que alguna calidad, característica o reputación pueda atribuirse a uno de esos elementos.

Pensemos en el agua fresca que una abuela prepara con la fruta de su región y una técnica transmitida durante generaciones. Cuando el producto depende de la tierra, las materias primas y el saber de su comunidad, se acerca a una denominación de origen. Si su identidad reside principalmente en la forma de prepararlo, aunque algunos ingredientes provengan de otro lugar, se parece más a una indicación geográfica.

En México corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reconocer estas figuras y publicar su declaratoria en el Diario Oficial de la Federación. Desde entonces, la denominación o indicación queda protegida como un bien nacional, y su uso requiere autorización del IMPI y el cumplimiento de las condiciones establecidas.

Desde aquella primera declaratoria de 1974, México ha reconocido 19 denominaciones de origen. Además de Tequila, entre ellas se encuentran Mezcal, Sotol y Talavera. La indicación geográfica es una figura mucho más joven. Su regulación quedó definida con mayor claridad a partir de 2020 y sus primeras declaratorias se publicaron en 2022. Actualmente, el país cuenta con 41. Entre ellas se encuentran Tapetes de Teotitlán, Catrinas de Barro de Capula y Cajeta de Celaya.

En junio de 2026, el IMPI otorgó protección a la indicación geográfica Aguacate Franja Michoacán, que ampara el aguacate cultivado en diversos municipios del estado y reconoce el valor de uno de los productos agrícolas más exportados por México. La Secretaría de Economía de Mexico encabezó el acto por instrucción de la Presidencia, lo que refleja la importancia de estas figuras en la agenda económica del país.

La indicación geográfica abrió así una puerta para productos con una relación verdadera con su territorio que difícilmente habrían cumplido los requisitos de una denominación de origen. El vínculo no es menor, sino distinto. Lo que cambia es la manera en que el origen se manifiesta en el producto.

Obtener el reconocimiento es solo el punto de partida. No garantiza el éxito. Convertir una declaratoria en valor requiere productores organizados, reglas claras, controles confiables y una visión compartida sobre el futuro del producto. En el sector agroalimentario, este desafío también concierne a organismos de representación como el Consejo Nacional Agropecuario, cuya agenda comprende la organización, el valor agregado, la comercialización y la competitividad de productores y agroindustriales.

El tequila muestra la diferencia. Su denominación ha alcanzado el mayor grado de consolidación en México, con instituciones como el Consejo Regulador del Tequila, A.C y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, capaces de verificar, certificar, promover y defender el producto. El mezcal también ha avanzado con una norma propia y organismos dedicados a su evaluación y certificación. Las demás denominaciones e indicaciones enfrentan ahora la oportunidad de construir sus propios modelos de organización.

Cuando ese camino se recorre de manera completa, los resultados pueden medirse. Según el Consejo Regulador del Tequila, entre 1995 y 2022 la producción pasó de 104 a 651 millones de litros, durante el mismo periodo en que se consolidaron sus sistemas de certificación, verificación y defensa. Hoy, su cadena productiva sostiene a más de 100 mil familias mexicanas.

La experiencia europea confirma el potencial económico de estas figuras. La Comisión Europea estima en más de 75 mil millones de euros las ventas anuales de productos con indicación geográfica y señala que representan el 15,5% de las exportaciones agroalimentarias de la Unión. El estudio que sustenta esa estimación concluyó que el valor de venta de un producto con origen protegido es, en promedio, el doble que el de otro similar sin certificación.

Estas cifras no son resultado de una declaratoria por sí sola. Reflejan lo que puede ocurrir cuando el nombre, la comunidad, las reglas, los controles y el mercado funcionan como un verdadero sistema.

Los productos viajan, pero su protección no viaja automáticamente con ellos. Para muchas denominaciones e indicaciones, los mercados externos son estratégicos, pero la protección mexicana termina en la frontera. Afuera hay que ganarla de nuevo.

El Sistema de Lisboa simplifica ese proceso, porque un solo registro puede extender la protección a todos sus países miembros. A este mecanismo se suman los sistemas locales de cada país y los acuerdos internacionales.

Entre ellos, el más cercano para México es el T-MEC, particularmente ahora que el tratado se encuentra en revisión. Ahí no solo se negocian aranceles y reglas de origen. También se sostiene el reconocimiento de lo que cada país considera suyo. El tratado reconoce al tequila y al mezcal como productos distintivos de México y concede un tratamiento equivalente al bourbon, al whiskey de Tennessee y al whisky canadiense. En la práctica, esos nombres quedan reservados para productos elaborados en su país de origen conforme a sus propias leyes.

La cooperación internacional dio un nuevo paso en mayo de 2026, cuando Origin (oriGIn), organización con sede en Ginebra que agrupa a más de 500 asociaciones de productores de 40 países, inauguró en Jalisco su primera oficina para América Latina. La representación funciona como antena regional, está alojada en Zapopan dentro del Consejo Regulador del Tequila y cuenta con el respaldo del IMPI.

Desde ahí trabajará con autoridades, oficinas de propiedad intelectual y agrupaciones de productores para fortalecer la gobernanza, la defensa, la observancia y el acceso a mercados. También servirá como un puente de doble vía entre América Latina y otras regiones. Nuestro continente tiene productos con historia y mercado. Ahora cuenta también con una plataforma desde la cual organizarlos y proyectarlos.

Mi relación con estas figuras también es personal. Llegué a México desde Venezuela hace muchos años. Aquí me casé, nació mi hijo, me hice ciudadano y hoy ejerzo como abogado mexicano. Las denominaciones de origen me permitieron descubrir una dimensión cultural profunda de México y volver la mirada hacia productos venezolanos como el Cocuy Pecayero y el Ron de Venezuela, nacidos de tradiciones preservadas durante generaciones.

Con los productos que se exportan y las personas que migramos, también viaja el origen. Reconozco el privilegio de llevar dos culturas y de deberle algo a cada una. América Latina comparte rezagos, pero también productos capaces de ocupar un lugar propio en el mundo. El trabajo pendiente es construir el orden que les permita llegar más lejos sin perder aquello que los hace únicos.

Francisco Parra es abogado y consultor especializado en derecho corporativo e institucionalización empresarial en México y América Latina. Cuenta con una maestría en leyes por Duke University School of Law y es Técnico Tequilero por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue director legal y de Compliance en Grupo Bimbo y General Counsel en Clase Azul México. Es autor del libro Tequila: Cultura, Leyes y Negocios.