Los campos de agave abandonados se llenan de plagas y las plagas no respetan linderos. Lo que ocurre en un predio no se queda en ese predio. Lo mismo pasa con las empresas. Lo que ocurre dentro de una no se queda dentro de ella.
Esa realidad es propia de una industria que usa un nombre compartido. Tequila es una denominación de origen. Es un nombre que la ley reserva exclusivamente para un producto elaborado en un territorio determinado, con una materia prima específica y un proceso definido. Fue la primera denominación de origen que se otorgó en México, en 1974. El titular de ese nombre es el Estado mexicano. Ninguna empresa lo compra ni lo hereda.
Para usar la denominación, cada productor necesita una autorización del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esa autorización no se obtiene una vez para siempre. Hay que mantenerla vigente cumpliendo de forma permanente la norma oficial del tequila, la NOM-006-SCFI-2012. Quien verifica ese cumplimiento es el Consejo Regulador del Tequila. Actúa como organismo de certificación, como unidad de inspección y como laboratorio. Ese trabajo es lo que da respaldo a la palabra tequila en cada etiqueta. El control de la producción no empieza en la botella. Empieza en el campo, con el registro de las plantaciones de agave.
De ahí nace una responsabilidad que pocas industrias comparten. El productor usa un nombre cuyo titular es el Estado y cuya credibilidad se construye de manera colectiva. Fuera de México, lo que hace una tequilera se lee con frecuencia como algo que hace México. Quien compra una botella en otro país no siempre distingue entre la marca y la categoría. En ese sentido, cuando una marca enfrenta un cuestionamiento, el efecto puede alcanzar a toda la categoría.
La industria del tequila es fuerte. Tiene una norma exigente, un consejo que verifica su cumplimiento y una Cámara Nacional de la Industria Tequilera que la representa. Esa fortaleza se construyó durante décadas y se sostiene cada día. Dentro de cada empresa, el orden institucional es una de las formas concretas de contribuir a esa fortaleza. El término puede sonar abstracto, pero en una tequilera se traduce en decisiones muy concretas. Muchas casas ya las toman, aunque no siempre les pongan ese nombre.
Se trata de saber quién decide qué y de que cada decisión importante quede por escrito. Una decisión que solo vive en la memoria de quien la tomó es difícil de explicar años después, cuando esa persona ya no está o cuando hay que dar cuenta a un tercero. También implica tener contratos escritos con los productores de agave. El agave tarda años en madurar y una relación de tanto tiempo merece reglas claras para ambas partes. Sin ellas, la continuidad del suministro queda sujeta a la memoria o a la buena voluntad. Incluye verificar y documentar el origen del agave que entra a la fábrica. Si el control de la industria empieza en el campo, el de cada empresa también. Significa nombrar responsables claros del cumplimiento de la norma. Cuando el cumplimiento es tarea de todos, en la práctica no tiene dueño. Y supone acordar por escrito cómo se resuelven los desacuerdos entre socios o entre generaciones. Esas reglas se pactan mejor en calma, antes de que haya algo que resolver. Con todo eso, la empresa puede responder a un cuestionamiento con documentos y no con versiones. Si alguien pregunta de dónde viene el agave, quién aprobó un cambio o cómo se verificó un lote, la mejor respuesta es un papel que ya existía.
Ese orden protege primero a la empresa. Le da continuidad, reduce la dependencia de una sola persona y le permite crecer sin perder claridad. Al mismo tiempo cuida algo que no es suyo. Cada empresa que cumple, y puede demostrarlo, sostiene la credibilidad del nombre que usan todas. La fortaleza de la categoría no depende solo de la norma y de quien la verifica. También depende de que cada productor autorizado pueda sostener su autorización día a día y pueda demostrarlo cuando se le pregunta.
Es un poco como criar a un hijo. Durante años se pueden ir resolviendo las cosas del día a día y generando resultados. Pero si no se fueron construyendo las bases de manera consistente, llega un momento en que el hijo ya es adulto y, aun así, le faltan herramientas para sostenerse por sí mismo. Con la empresa pasa algo similar. Puede producir bien durante un tiempo y, sin embargo, no haber desarrollado las bases que necesita para continuar de una generación a la siguiente. Esas bases no son el volumen ni el margen del año. Son las reglas claras, los registros, los responsables definidos y la capacidad de dar cuenta. En una industria regulada y con un nombre compartido, esa falta de bases no solo afecta a la empresa. También resta fuerza a la categoría.
La denominación de origen se cuida en el campo, en la fábrica y en el laboratorio. También se cuida en la mesa donde se toman las decisiones, en el archivo y en los contratos. Esta lógica no es exclusiva del tequila. Toda empresa que opera con una concesión, un permiso o una licencia usa algo que alguien más le confió. Y en una empresa familiar, el apellido viaja con cada decisión.
Estas son reflexiones que han estado presentes desde hace tiempo en las empresas que trabajan con nombres, permisos o concesiones compartidas. No nacen de un caso particular ni buscan señalar a nadie. Buscan recordar que el orden interno es una forma concreta de cuidar lo que ya se ha construido y de seguir contribuyendo a ello.
Llevo cerca de veinte años trabajando con empresas, muchas de ellas familiares y en industrias reguladas. El orden casi no se nota cuando todo va bien. Se nota el día que alguien hace una pregunta difícil y la respuesta ya está escrita. En el tequila, esa pregunta nunca es solo sobre una empresa. Por eso creo que el orden interno es una de las formas más concretas de cuidar un nombre que es de México y que cada tequilera recibe en confianza.
Francisco Parra es abogado y fundador de Parra Advisory, firma especializada en derecho corporativo e institucionalización empresarial en México y América Latina. Cuenta con una maestría en Derecho (LL.M.) por Duke University School of Law y es Técnico Tequilero por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue Director Legal y de Compliance en Grupo Bimbo y General Counsel en Clase Azul México. Es autor del libro Tequila: Cultura, Leyes y Negocios.
